Después de más de 20 años de tramitaciones urbanísticas, con todos los permisos aprobados y con las obras de urbanización en marcha, el nuevo barrio de Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), ha sido paralizado cautelarmente sine die, frustrando la construcción de 1.000 viviendas, 300 de propiedad pública, y el desarrollo social del municipio.

Jorge Ginés, director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), lamenta que “Montegancedo es sólo un ejemplo, y muy claro, de por qué no funciona la política de vivienda en España y por qué la oferta de vivienda actualmente es muy inferior a las necesidades de la sociedad. En un momento de emergencia de la vivienda, resulta demasiado fácil recurrir un ámbito y paralizarlo; incluso estando ya en construcción y con un expediente urbanístico impoluto que se ha examinado durante dos décadas. Por lo tanto, urge un pacto de Estado para sacar adelante en el Congreso la modificación de la Ley del Suelo que garantice la seguridad jurídica de los desarrollos y, en especial, que no se paralicen de forma total”.

El desarrollo del nuevo ámbito de Montegancedo fue suspendido temporalmente en julio pasado por decisión judicial, dictando medidas cautelares mientras se resuelve el recurso presentado. Esta acción judicial fue consecuencia de una demanda interpuesta en 2022 por la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, que argumenta la necesidad de proteger el medioambiente de un terreno clasificado como suelo urbano desde hace 22 años, cuando se aprobó la última revisión del PGOU en 2002.

“Nos preguntamos: ¿por qué los ecologistas han esperado 20 años para presentar ese recurso contencioso?”, indica Jorge Ginés. Ante esta situación “totalmente injustificada”, los promotores han presentado recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) frente al auto de concesión de la medida cautelar.

Lo sorprendente, según el director general de ASPRIMA, es que “no se han tenido en cuenta los datos objetivos”.

Según la información recogida en los informes técnicos emitidos por las dos Administraciones Públicas, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, sobre el proyecto

urbanístico, el ámbito de Montegancedo cuenta con una superficie total de 70 hectáreas, dentro de la cual se encuentran dos zonas totalmente diferenciadas: por un lado, el parque forestal, que el planeamiento obliga a conservar y, por otra parte, una zona no arbórea donde se proyecta construir las viviendas, conocida como ‘Los Polvorines de Retamares’. Se trata de antiguas instalaciones militares en estado de abandono y degradación, que no contienen ningún valor medioambiental. Dichos informes forman parte del expediente administrativo que pasará a ser revisado por el juez del caso.

La demanda de los ecologistas alega que el monte público será privatizado y urbanizado, “un dato erróneo que puede llevar a confusión”, explica el director general de ASPRIMA. Los datos indican que, de las 70 hectáreas de terrenos, todas de propiedad privada, el 70% (48 hectáreas) se destinará a zonas verdes tras el proceso de urbanización. De estas, 36 hectáreas pasarán a ser de titularidad pública municipal para el uso y disfrute de todos los vecinos, incluyendo el Parque Forestal de Montegancedo. En contraste, la superficie edificada ocupará solo el 15,2%, concentrada en la zona de Los Polvorines.

“A la vista de este reparto de la superficie, queda de manifiesto el respeto al medioambiente de Montegancedo, que dispone de todos los informes favorables medioambientales e, incluso, cuenta con el informe ‘Plan Director de Sostenibilidad’ de la consultora especializada B Leaf, que confirma que con Montegancedo se crea el barrio más sostenible de la Comunidad de Madrid y todo un referente de urbanismo sostenible a nivel europeo”, explica Jorge Ginés.

“Perjuicio al interés público”

En total, en la parte de Los Polvorines se contempla la edificación de un máximo de 1.050 viviendas, de las cuales 294 unidades (casi el 30%), repartidas en siete parcelas, serán cedidas por los promotores al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, urbanizadas y a coste cero. Como advierte Jorge Ginés, “los mayores damnificados de este recurso y de la paralización están siendo los ciudadanos, que ven cómo se estrangula la tan necesaria oferta de vivienda, perjudicando al interés público”.

El Ayuntamiento ya ha anunciado que en estas parcelas públicas se impulsará el I Plan de Vivienda para Familias Numerosas de Pozuelo de Alarcón. Esta iniciativa ofrecerá viviendas asequibles de cuatro o más dormitorios, con el objetivo de atender una demanda real en la ciudad. Según datos del Consistorio del mes de junio, en el municipio había 3.617 familias con tres o más hijos.

Además, Jorge Ginés señala que “esta paralización mantiene abierta la histórica brecha urbana entre la Universidad Politécnica de Montegancedo y el barrio de La Cabaña, ya que frena la expansión del campus universitario. Según el proyecto de urbanización aprobado, este campus contaría con 40.000 metros cuadrados para nuevos equipamientos. Asimismo, la paralización deja en suspenso el nuevo acceso desde la M-40 al campus, que forma parte de un plan de accesibilidad para Pozuelo de Alarcón y que incluye la eliminación de dos puntos negros de accidentes de tráfico”.

El responsable de ASPRIMA lamenta, para concluir, que “todos estos perjuicios a los ciudadanos, a las familias numerosas, a los vecinos de La Cabaña, al municipio de Pozuelo de Alarcón en su conjunto, al campus universitario y, en última instancia, a los promotores del ámbito -que asumen todos los costes del proyecto y de la creación del barrio- hayan sido posibles con sólo la interposición de un recurso, sin ningún tipo de aval o depósito de garantía que cubra los perjuicios ocasionados por una eventual sentencia desestimatoria”.

“¿Por qué permitimos que se paralice el desarrollo de las ciudades tan fácilmente?, se pregunta Ginés. Y concluye con una advertencia: “Con esta inseguridad jurídica será imposible acabar con el problema de la vivienda en España”.