La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) ha presentado el Informe sobre la aplicación de la Ley 3/2024 de medidas urbanísticas para  la promoción de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid. Este análisis, elaborado a partir de la base de datos de la consultora inmobiliaria Savills, pone de manifiesto que casi dos millones de metros cuadrados de suelo terciario quedará sin  modificar el uso del suelo, privando a la Comunidad de Madrid de 27.650 viviendas  asequibles. Es decir, de los 3,1 millones de metros cuadrados de suelo edificable identificados como aptos para el cambio de uso, solo se ha dado luz verde a 1,1 millones, lo que permitirá la construcción de 16.844 viviendas, muy por debajo de las 44.888 posibles.

La normativa, aprobada por la Comunidad de Madrid y activa desde noviembre, permite a los municipios recalificar suelos destinados a oficinas para uso residencial siempre que las viviendas promovidas sean protegidas y destinadas a alquiler durante al menos 15 años. Sin embargo, solo un tercio del potencial disponible ha sido  activado, lo que representa una pérdida significativa en un contexto de emergencia habitacional.

Jorge  Ginés, director general de ASPRIMA, lamenta la escasa acogida que ha tenido  esta medida: “Los ayuntamientos no han estado a la altura de las circunstancias. No actuar es perpetuar el problema. La vivienda asequible no llegará al mercado si quienes tienen las competencias no se atreven a utilizarlas." Además, la Asociación advierte de que la falta de colaboración municipal contribuye a perpetuar la inflación en los precios del alquiler.

Entre  las ciudades que han rechazado aplicar la ley destacan Las Rozas (2.780 viviendas),  Rivas Vaciamadrid (2.933 viviendas), Colmenar Viejo (634 viviendas) y donde podrían haberse promovido miles de viviendas que habrían aliviado la presión del mercado. Otros doce municipios,  como Madrid capital, Alcalá de Henares o Majadahonda, han optado por una  implementación parcial, restringiendo las recalificaciones a determinadas áreas. Esta decisión puede haberse debido a los servicios con que necesitan dotar a los nuevos desarrollos residenciales.

Los  cinco municipios que han aplicado la ley en su totalidad han sido Arganda del  Rey, Leganés, Móstoles, Pozuelo de Alarcón y Torrejón de Ardoz, lo que abre la puerta a poder promover ahora 1.778 alquileres asequibles. Por su parte, Navalcarnero,  Paracuellos del Jarama, Torrelodones, Valdemoro y Villaviciosa de Odón también  aplican la ley en su totalidad, pero carecen de suelo de oficinas del tamaño estimado  por ASPRIMA para cambiar el uso. En estos casos, todas las modificaciones, de llevarse a cabo, serán sobre edificios ya construidos.

No obstante, incluso los terrenos que han sido recalificados deberán superar numerosos retos administrativos para convertirse en viviendas. Las licencias de obra, que deben obtenerse en un plazo  de dos años, y los tiempos de ejecución, fijados en tres años adicionales,  plantean desafíos logísticos que podrían retrasar aún más la llegada de estas  viviendas al mercado. Por lo tanto, ASPRIMA insta a los ayuntamientos madrileños a reconsiderar  su postura y a adoptar una visión más valiente y proactiva para abordar la  crisis de la vivienda. “Habilitar suelo residencial es solo el primer paso para responder a una de las demandas sociales más acuciantes de nuestra región”, concluye Jorge Ginés.